Andalucía firmará un convenio de colaboración con Fiscalía sobre intercambio de información para protección de menores

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a suscribir un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) "sobre el intercambio de información necesaria para el ejercicio de las competencias y de las obligaciones en materia de protección de menores".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, firmó el acuerdo para autorizar a Antonio Sanz a suscribir este convenio de colaboración en la reunión que el Consejo de Gobierno celebró el pasado miércoles, 4 de junio, según figura en la documentación asociada a dicha cita, consultada por Europa Press.

El referido acuerdo se justifica desde la premisa de que "el derecho a la protección de datos de carácter personal no puede ser un impedimento legal para que las autoridades competentes ejerzan sus funciones en materia de protección de menores en situación de riesgo o de desamparo y otras situaciones que requieren actuaciones de protección de menores".

Al respecto, desde la Junta subrayan que "una situación de riesgo o desamparo de menores y otras situaciones que requieren actuaciones de protección de menores puede exigir la máxima celeridad en la intervención de las autoridades", y, por ello, "los canales de intercambio de información deben ser lo más ágiles posibles", pues, "de lo contrario, la intervención podría retrasarse indebidamente, con consecuencias impredecibles para las personas menores, o llevarse a cabo sin tener todos los elementos de juicio necesarios".

"Una investigación ante una posible situación de riesgo o de desprotección exige la máxima celeridad en la intervención de las autoridades implicadas", se puede leer también en el acuerdo aprobado el pasado miércoles, en el que también se remarca que, "una vez que la persona menor se encuentra bajo la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía, es necesario que la información fluya y se traslade, comunique y se comparta con idéntica agilidad, proximidad y seguridad".

Desde el Gobierno andaluz recuerdan para justificar este convenio que la consejería competente en materia de protección de menores, "el Ministerio Fiscal y la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía" tienen "responsabilidades de prevención e intervención de menores en situación de riesgo o desamparo y en otras situaciones que requieren actuaciones de protección de menores", y, "para su ejercicio, deben hacer una valoración integral de la situación del menor en el contexto de su entorno familiar, social, educativo, sanitario y de cualquier otro aspecto relevante al respecto".

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno subraya que "la Consejería competente en materia de educación, el Servicio Andaluz de Salud y el Instituto Andaluz de la Mujer", así como "los Servicios Sociales Comunitarios (corporaciones locales) y el resto de los órganos, centros y unidades de la Consejería competente en materia de servicios sociales", suelen disponer de "información necesaria y de especial relevancia para la detección y valoración de posibles situaciones de riesgo o desamparo de menores y otras situaciones que requieren actuaciones de protección de menores".

A la vista de todo ello, "de conformidad con el principio de colaboración interadministrativa previsto en el artículo 3.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las partes intervinientes, la Fiscalía General del Estado, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Junta de Andalucía, consideran oportuno suscribir un convenio de colaboración, con una vigencia de cuatro años prorrogable por otro periodo de cuatro años, con el objetivo de establecer los compromisos que adquieren las partes, fundamentados en los principios de colaboración y coordinación, y las medidas que estas deberán adoptar, según la responsabilidad que les compete, para preservar y defender los derechos de las personas menores, haciendo posible que la información necesaria para proteger a las personas menores esté a disposición de las instituciones competentes para su protección con las necesarias agilidad y seguridad".

Finalmente, el acuerdo del Consejo de Gobierno justifica que sea el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa quien quede autorizado para suscribir este convenio de colaboración por afectar el mismo "a los ámbitos de interior, educación, inclusión social, gestión integral de la valoración del riesgo en materia de violencia de género y asistencia sanitaria".