Abogado recuerda a Canarias su corresponsabilidad al resolver el abuso de la temporalidad en la estabilización docente

"No usemos la excusa de que, como el Estado no hace nada, nosotros no hacemos tampoco nada", ha defendido.

"Dado que siempre hemos defendido las competencias autonómicas, dado que siempre hemos tenido una postura valiente a la hora de reclamar competencias, usémoslas", ha señalado Gerardo Pérez Sánchez

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Derecho, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, ha explicado este viernes en una comparecencia parlamentaria que Canarias tiene una responsabilidad compartida con el Estado a la hora de aplicar medidas legislativas con el fin de trasponer la directiva europea de 1999, para solventar el abuso de la temporalidad en el proceso de estabilización del personal de la Consejería de Educación, tras las sentencias de febrero y junio de 2024, emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Dado que siempre hemos defendido las competencias autonómicas, dado que siempre hemos tenido una postura valiente a la hora de reclamar competencias, usémoslas. No usemos la excusa de que, como el Estado no hace nada, nosotros no hacemos tampoco nada", ha aseverado el especialista en Derecho de la institución académica tinerfeña ante los grupos parlamentarios, que ha enfatizado los "25 años de retraso" que no pueden continuar en la materia.

Tras su primera intervención, algunos de los Grupos Políticos, entre ellos Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Nacionalista, le han preguntado por medidas concretas o por "cuál sería" entonces la trasposición adecuada desde Canarias. Ante ello, Pérez Sánchez ha resumido su respuesta en cuatro soluciones posibles: la estabilización por fijeza, compensando la precaridad laboral con la estabilización a quién haya sufrido abuso o fraude en su contratación; la fijeza en plaza de funcionario a extinguir; la posibilidad de realizar convocatorias de procesos selectivos restringuidos y constitucionales, o otorgando a afectados una prima o compensación por antigüedad.

También los diputados se han cuestionado en la sesión de comisión de este vierne la posible desigualdad, respecto a otras comunidades, que se generaría al legislar sin el paso previo del Estado. Sobre esto, el especialista en Derecho se ha remitido a la naturaleza de organización del propio Estado, descentralizado, con 17 parlamentos autonómicos, por lo que parecería inevitable e inherente que tenga que haber "algún tipo de diferenciación".

"Es aceptable que exista algún tipo de diferenciación. Lo que no es aceptable es que no haya compensación por precaridad", ha aseverado Pérez Sánchez. De hecho, con el ánimo de ejemplificar lo que podría llegar a hacerse, sin el impendimiento del Estado, se ha remontado a la medida legislativa ya emprendida en 2023 por el Parlamento canario, con la anulación de uno de los procesos selectivos para evitar la desigualdad "manifiesta" de los trabajadores interinos de los conservatorios de música de Canarias respecto a otras instituciones.

"Y en su momento se dijo, el Estado lo va a impugnar. Esto el Estado nos va a llevar a los tribunales, y vamos a perder. El Estado no impugnó nada. No impugnó nada", ha deslizado el compareciente.

"NO PROCEDE QUE NO SE HAGA NADA"

El abogado ha institido, por ello, en que "no procede es que no se haga nada", porque en esta trasposición concreta de la directiva europea, ha subrayado, la competencia es "compartida" entre el Estado y la comunidad autónoma. Además, ha tratado de reflejar la gravedad de la situación con "los cientos de miles de personas en todo el Estado, y las miles de personas en Canarias, que están sufriendo precariedad laboral" ante la falta de medidas.

Ha destacado, así, "lo deseable" que sería que el Estado legisle, pero ha advertido a su vez que no es "la única solución". "El Estado no tiene la llave para cerrar las competencias autonómicas por la vía de no querer legislar. El Estado, no legislando, no puede impedir el ejercicio de las competencias autonómicas", ha especificado.

"¿Qué ocurre cuando el Estado no hace nada? el Estado no puede entorpecer el ejercicio de la competencia autonomica que tiene. Y Canarias, aquí, tiene competencias legislativas. Por lo tanto, no podemos usar como excusa que como el Estado no hace nada, yo entonces tampoco", ha resaltado.

Por lo tanto, ha continuado, si se tiene la competencia no hay que "esperar al Estado". Y si el Estado en algún momento "decide regular" es conocido que, entonces, "no podrá salirse del marco que viene en la directiva y en la jurisprudencia", por lo que habría "cierta seguridad jurídica" en la toma de decisiones desde Canarias.